EL PACTO POR LA CULTURA. CUANDO YA ES LUEGO.


Foto Gabreila Valle

El Pacto por la Cultura 2015, presentado en el marco de la II Conferencia Estatal de la Cultura que promueve la Federación Estatal de Agentes Culturales, tiene como objetivo establecer horizontes y referencias para el desarrollo cultural en el Estado español, convirtiéndose en un instrumento útil para agentes públicos y privados, para Administraciones de distinto nivel, para todos los sectores de la cultura, para la discusión ciudadana, en definitiva, para todos los agentes comprometidos con la cultura y su promoción. Este Pacto pretende superar su función de referencia documental para convertirse en un instrumento de trabajo con un claro punto de partida: el valor de la cultura en un contexto de cambio de época.  Como recuerda la Convención de Unesco sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005), adoptada por España, “La cultura posee un gran valor en sí mismo, a la vez que desarrolla valores esenciales para una sociedad democrática como el conocimiento crítico, la memoria, y la creatividad. (…)”.

En un contexto de incertidumbre, la cultura, entendida como el principal instrumento de la ciudadanía para comprender escenarios de transformación, toma un valor aún más determinante. El Pacto por la Cultura 2015, atendiendo a las reflexiones y propuestas realizadas en el marco de un proceso deliberativo de participación, pretende fijar algunas pautas que sitúen a la cultura en una posición de centralidad,  a partir de un reconocimiento del valor público de la cultura.

Desde la Asociación de Gestores Culturales de Castilla y León se ha presentado este Pacto por la Cultura a diferentes administraciones públicas. En clave local, los Ayuntamientos de Burgos y Valladolid se han adherido por mayoría absoluta y unanimidad respectivamente a este eficaz instrumento de trabajo, y probablemente en breves fechas los Ayuntamientos de Palencia y Segovia sigan sus pasos. Pero esta adhesión a los principios del documento, debe ir unida a un compromiso eficaz con las propuestas del pacto que en lo relativo a  las Administraciones Públicas en general y especialmente en clave local tienen una serie de consecuencias coherentes con dicha adhesión.

En primer lugar,  un aumento de los presupuestos destinados a cultura, acercando en el ámbito de su competencia, el gasto público en cultura por habitante a la media europea, con una aportación principal en la ejecución final del gasto de las administraciones locales. La aplicación del principio de transparencia a la administración cultural,  con un objetivo aún más ambicioso que el perseguido por la Ley de Transparencia, desigualmente seguida por las entidades públicas, difundiendo los datos sobre presupuestos públicos de manera sencilla  indicando costes reales de las acciones culturales y el origen de sus presupuestos.

Es necesario igualmente, un mayor grado de coordinación y planificación compartida mediante la implantación de mecanismos y procesos aptos para una definición de mapas de oferta cultural que aúnen la actividad promovida por las distintas administraciones públicas y por la sociedad civil, equilibrando los distintos ámbitos, géneros y segmentos de públicos. Para ello el documento propone: – La promoción de Consejos de las Artes y de la Cultura formados por profesionales y agentes del sector con capacidad de decisión en algunas materias y de impulso en procesos de planificación estratégica. –En Burgos por ejemplo  existe de forma pionera desde mayo de 2011 un Consejo de las Artes con representación de más de una treintena de agentes, pero únicamente se ha reunido de forma constituyente.

El establecimiento de mecanismos de dictamen y evaluación de políticas públicas, planes de gestión de equipamientos, etc. que afecten al ámbito de la cultura directa o indirectamente y en los que puedan participar los agentes culturales. participación sectorial en organismos de gobierno de agencias o fundaciones relacionadas con la gestión cultural municipal.  La implicación sectorial en la definición de criterios objetivos y automatismos en las ayudas públicas.

Todo ello sin olvidar que es necesario establecer y difundir un conjunto de Buenas Prácticas relacionadas con la contratación pública.  Toda la contratación pública debe ajustarse obviamente a la Ley de Contratos del Sector Público pero debe  darse un paso más allá garantizando los derechos laborales de los trabajadores de empresas que ejecutan contratos de externalización de servicios públicos, como han hecho algunas entidades de referencia de ámbito regional a través de la aplicación de los Convenios Colectivos específicos de aplicación al sector.

El  Pacto por la Cultura 2015  también propone en este ámbito el incremento del peso de elementos de calidad en los concursos públicos en servicios culturales, en detrimento de los criterios económicos, para no reducir el concepto de oferta económica más ventajosa en contra del espíritu de la propia ley de contratos, a la oferta más roñosa primando la calidad, y lo cualitativo sobre lo cuantitativo desde la prudencia con la que deben administrarse los haberes públicos. El Pacto por la Cultura impregnado de la claridad de la contundencia, rayo de quimeras frente al desorden y las prisas, reforzado por la adhesión de las administraciones, ojalá sirva para que como decía Alberti hoy ya sea luego.

 Alejandro N. Sarmiento Carrión

Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Gestores Culturales de Castilla y León

Fotografía: Gabriela Valles

Puedes descargar el Pacto por la Cultura 2015 aquí.

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